La noticia de la entrada en prisión de Miguel Blesa provocó más de un sudor frio en algún despacho el jueves pasado. El que hasta hace unos años fuera casi dueño y señor de Caja Madrid entraba en prisión acusado de negligencia en la compra de un banco en Florida. Todo el mundo miraba los periódicos digitales ávidos de encontrar el delito del que se le acusaba, ya que si finalmente se confirma la condena, la lista de posibles imputados podría ser tan extensa como los apellidos que poblaban los consejos de administración de las antiguas Cajas de Ahorros españolas.
Caja Madrid era una entidad financiera con un fin social y sin ánimo de lucro, su benefició se dedicaba a obra social y en el año 2007 esa obra ascendía a una cantidad superior a los 250 millones de euros anuales. Ese dinero estaba dedicado íntegramente a finales sociales, desde personas con discapacidad, enfermos de Alzheimer o víctimas de violencia de género, hasta patrocinio de cultura mediante becas, premios o exposiciones. Una gran parte de la acción cultural que se desarrollaba en Madrid tenía su origen en los fondos que año a año dedicaba la Caja.
A pesar de que durante muchos años las mejores entradas de los toros, los conciertos, el tenis o de cualquier evento que se organizase en Madrid las tuviesen los empleados y familiares de Caja Madrid no fue eso lo que acabó con esta institución fundada en 1703. Lo que acabó con ella fue el impulso de una serie de gestores tan poco preparados como ambiciosos que lo único que pretendían era que Caja Madrid compitiese de igual a igual con La Caixa de Barcelona, para ello debía de crecer hasta igualarla tanto en balance como en la importancia de sus participaciones industriales. Si La Caixa ejerce una influencia en Cataluña y España a través de su cartera industrial, Caja Madrid debía de hacer lo mismo. Daba igual que las participaciones de Caja Madrid las hubiesen comprado a precio de oro ya que no había un accionista a quien deberle explicaciones.
Pero ese sueño como tantos otros acabó explotando en la cruda realidad. La historia es conocida, un balance descontrolado provocó que Caja Madrid acabase fusionada con otras Cajas igual de problemáticas, sacada a bolsa para ser nacionalizada después, provocando el mayor rescate financiero de la historia de España. Antes se habían vendido preferentes y acciones a inversores minoristas arruinando a una gran parte de sus clientes. Da igual que Miguel Blesa dimitiera en 2009, el devenir de la institución estaba ya por entonces escrito.
Caja Madrid quedará para siempre como el gran fracaso de la gestión del Partido Popular en Madrid. Ha sido bajo su mandato y bajo su control cuando ha desaparecido, en una de los casos más aberrantes de control político, una institución que debería de haber sido independiente y que no debería de haberse apartado de su fin social. No es difícil imaginar el tono y la cantidad de editoriales que se hubiesen escrito si la quebrada hubiese sido La Caixa o si Caja Madrid hubiese sucumbido bajo un gobierno socialista en Madrid.
Pero que personajes tan cursis, repelentes e indignos como Miguel Blesa nos produzcan urticaria no debe quitar que todo el mundo tenga derecho a la presunción de inocencia, y sobre todo a un juicio justo. Ambos pilares fundamentales de un Estado de Derecho. El caso Blesa viene a unirse a otros que en los últimos meses están convirtiendo los juzgados en auténticos platós de televisión. Desde el juicio de Iñaki Urdangarin hasta el de Isabel Pantoja, la gente parece pretender que se celebren ejecuciones en plaza pública. Son juicios en gran parte juzgados de antemano, en que los ciudadanos quieren castigos ejemplares para justificar el origen de esta crisis. El problema no son los jueces, que en la gran mayoría de casos acabarán juzgando y condenando a los culpables, si no lo evitable de lo sucedido. Para alegría o desgracia de muchas personas Miguel Blesa podrá ser absuelto o condenado, pero lo que sí sabemos ya es que la obra social de Caja Madrid ha desaparecido para siempre.
